Cuando se produce una separación o un divorcio, una de las cuestiones que más conflictos genera en la práctica es qué ocurre con la atribución del uso de la vivienda familiar. En este post, trataré de dar luz a esta cuestión.
Según el Tribunal Supremo, se considera vivienda familiar aquella en la que la familia ha convivido, con voluntad de permanencia.
En cristiano: el domicilio en el que convives con tu familia. El lugar que te viene a la cabeza cuando te preguntan «¿dónde vives?»
Un matiz importante: el carácter de vivienda familiar no depende de quién sea su propietario. Así, una vivienda puede tener esta consideración aunque pertenezca solo a uno de los miembros de la pareja, o incluso a un tercero ajeno a la relación.
Cuando hablamos de atribución del uso de la vivienda familiar debemos distinguir entre si hay hijos comunes menores o mayores de edad en una situación de discapacidad o no los hay.
En este caso, el artículo 96 del Código Civil establece que podrá acordarse que el uso de la vivienda familiar corresponda al cónyuge no titular, por el tiempo que prudencialmente se fije, siempre que las circunstancias lo hagan aconsejable y su interés sea el más necesitado de protección.
En otras palabras: aunque la vivienda familiar pertenezca en exclusiva a uno de los cónyuges, es posible que el juez atribuya su uso al otro durante el tiempo que determine.
En este supuesto, el artículo 96 del Código Civil establece lo siguiente:
«En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho, en función de las circunstancias concurrentes.
A los efectos del párrafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separación o divorcio estuvieran en una situación de discapacidad que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situación.»
En cristiano: si tenéis hijos menores en común, el uso de la vivienda familiar es para ellos y para el progenitor custodio. Este derecho se mantiene hasta que el hijo más pequeño cumpla la mayoría de edad.
Si alguno de los hijos tiene una discapacidad que haga aconsejable seguir usando la vivienda una vez cumplida la mayoría de edad, será el juez quien decida durante cuánto tiempo se mantiene ese derecho, valorando las circunstancias de cada caso. Y esta misma protección se aplica también a los hijos que, aun siendo ya mayores de edad en el momento de la separación o el divorcio, se encuentren en esa situación de discapacidad.
El artículo 96 del Código Civil que hemos traído a colación parece no contemplar los supuestos de custodia compartida. Si la norma atribuye el uso de la vivienda a los hijos menores y al cónyuge en cuya compañía queden, cabe preguntarse: ¿qué ocurre cuando los hijos conviven con ambos progenitores, por periodos alternos?
Pues bien, la jurisprudencia ha resuelto que, incluso con custodia compartida, cabe atribuir el uso de la vivienda a los menores y a uno solo de los progenitores, cuando este tenga un interés económico más necesitado de protección que el otro.
Llegados a este punto, es posible que os surja la siguiente duda: si el uso se atribuye por tener un interés económico más necesitado de protección —y no por ostentar la guarda y custodia exclusiva—, ¿también se concede hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad? ¿No se contempla la posibilidad de que ese progenitor mejore su situación económica con el tiempo?
Aquí el Tribunal Supremo es bastante claro: en supuestos de custodia compartida, no tiene sentido establecer plazos largos en la atribución del uso de la vivienda. Se fija un plazo, ¿para qué? Para que el progenitor al que se le permite seguir viviendo en la casa mejore su situación económica.
¿Y si ese progenitor gana muy poco? Pues aun así, se fija un plazo. De hecho, en el caso concreto que resolvió el Supremo, la progenitora ganaba unos 600 € al mes. En otras palabras: por muy precaria que sea la situación económica, la atribución del uso de la vivienda familiar en supuestos de custodia compartida siempre tendrá un límite temporal que no se acercará, ni por asomo, a la «generosidad» de los supuestos de guarda y custodia exclusiva.
Como es obvio, todo esto tiene sentido cuando la vivienda familiar es del otro progenitor, o de ambos: el progenitor que se queda fuera querrá recuperarla, venderla, o rentabilizarla mediante un alquiler. Al fin y al cabo, si él tiene que buscarse la vida, el otro también.
Una de las fórmulas más novedosas para organizar la custodia de los hijos en caso de divorcio, separación o ruptura es el llamado sistema de la «casa nido». Consiste, en esencia, en que los niños sigan viviendo en el domicilio familiar, y sean los progenitores quienes vayan y vengan según sus turnos de custodia.
¿Y puede un juez imponer este sistema aunque me lleve a matar con el otro progenitor?
El Tribunal Supremo establece que no procede este sistema si no existe acuerdo entre ambos progenitores, salvo circunstancias excepcionales.
¿Y por qué?
Pues porque, como comprenderéis, si «os lleváis a matar», este sistema es un paquete de petardos con alta probabilidad de que alguno explote cerca del menor —y eso es contrario a su interés, que es lo primero—.
Resulta evidente que existe lo que socialmente se conoce como «unión de hecho», y que, como familia natural, merece la misma protección por parte de los poderes públicos que la Constitución reconoce a la familia jurídica en su artículo 39.1 —sobre todo porque de dicho texto no se desprende que exista una única forma de familia protegida—.
Además, la realidad social demuestra que estas uniones reúnen las características básicas de cualquier familia jurídica, con la única diferencia de no haberse formalizado civil o religiosamente.
La jurisprudencia reconoce no solo la existencia social de estas uniones, sino que constituyen una forma de integración familiar plenamente defendible, que genera derechos y obligaciones trascendentes entre sus miembros.
Si formasteis una familia sin pasar por el matrimonio y tenéis un hijo en común, esa unión también se considera familia a todos los efectos, y al terminar la convivencia hay que regular igualmente vuestros derechos y obligaciones respecto al menor.
En consecuencia, considero que también se puede producir la atribución del uso de la vivienda familiar en aquellos supuestos en los que no hay matrimonio y se ha mantenido una relación sentimental estable more uxorio.
Si se presenta una demanda de mutuo acuerdo, en mi opinión, salvo que se establezca algo que salte a la vista como una barbaridad, todo seguirá su curso con normalidad.
En los supuestos contenciosos, en cambio, cada caso es un mundo: su señoría, velando por el interés superior del menor, ponderará todas las variables que se pongan sobre la mesa para decidir lo que considere mejor para el menor, cuyo interés, insisto, es lo primero.
Así las cosas, como abogado en Huelva y Punta Umbría —y que atiende también online en todo el territorio nacional—, os recomiendo poneros en manos de un profesional que pueda analizar vuestro caso concreto antes de tomar cualquier decisión precipitada. Y, sobre todo, que nunca olvidéis esto: por mucho que odiéis al otro progenitor, en medio hay un menor que es responsabilidad de ambos, y al que hay que anteponer a uno mismo en cada decisión.
